1. Entrevistas/visitas.

Para utilizar contactos de investigación anteriores y ampliar el enfoque de la investigación un miembro del equipo entrevisto a una persona del municipio de Juchitán, mientras que los miembros restantes del equipo llevaban a cabo una serie de entrevistas programadas por miembros del Centro de Asesoría para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CADEPI) en cooperación con Alianza Cívica.

El grupo de cinco tocó la oportunidad de entrevistar a actores de un gran espectro de posiciones políticas y de organizaciones. Las reuniones fueron realizadas con tres presidentes municipales, dos del PRI, representando a Matías Romero y San Juan Guichicovi y uno del PRD representando a Santo Domingo Petapa. También entrevistamos a miembros del Consejo de Colaboración del Ayuntamiento, gobiernos paralelos compuestos por representantes del PRD en San Juan Guchicovi y Santa María Petapa. El gobierno del estado estableció estos consejos tras que el ganador de la contienda municipal, que era del PRI, rehusaba incorporar a los miembros del partido que terminó en segundo lugar, que eran del PRD, a la administración como es requerido por la ley. Finalmente, algunas discusiones en Matías Romero se realizaron con representantes de cuatro ONG’s: CADEPI, Movimiento de Unificación Nacional de Jubilados y Pensionados (MUNJP), una organización de derechos indígenas y ambientales representando a las comunidades en el Sureste de México, Maderas, y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONIS). En Juchitán, el observador se reunió con líderes, intelectuales incluyendo al director de la casa de la cultura, representantes de COCEI y representantes del PRI.

En general nuestro grupo fue bien recibido y pudo entablar discusiones abiertas y francas. Nuestra única dificultad llegó cuando cuestionamos a los residentes formados fuera de las oficinas municipales de San Juan Guichicovi. A pesar de que varias mujeres nos dijeron que estaban ahí por un evento de campaña, un individuo a cargo de coordinar el programa federal PROGRESA intervino y les dijo a ellas en su idioma Mije que tuvieran cuidado con lo que dijeran.

Las opiniones en relación con la escena electoral variaban, particularmente entre los miembros de PRI y del PRD. A pesar de que muchos reconocían los avances en recientes años la mayoría consideraba una situación en la que los votos son comprados y vendidos, la manipulación es muy común y las prácticas locales son de corto alcance en referencia a los criterios establecidos por las autoridades electorales nacionales. Entre las áreas generales que generaron interés por los entrevistados fueron la compra y coerción del voto previos a las elecciones, un patrón de irregularidades en el día de las elecciones, una falta de información referente al proceso electoral y los derechos civiles y amenazas e intimidación afectaban la situación general.

2. Contexto político.

La extrema pobreza, marginalización, y una gran población indígena caracterizan al estado de Oaxaca, por décadas muchas partes del estado había sido dominadas por el PRI con poca oposición. Aún, algunas regiones han sido ferozmente competidas, especialmente en el Istmo de Tehuantepec, el área visitada por la delegación. Juchitán, en el corazón del Istmo, es la casa establecida de famoso movimiento indígena de izquierda, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI). Desde 1999, Juchitán, a tenido alcaldes procedentes todos de la COCEI. Otras comunidades del Istmo, también han tenido una historia de victoria de la oposición, militancia laboral y movimiento campesino independiente. Históricamente el PAN ha tenido una presencia menor en el estado, con excepción de la región de Huajuapan de León y la Ciudad de Oaxaca. Al comienzo de 1996, el Ejercito Popular Revolucionario (EPR), lanzó una serie de ataques en comunidades de Oaxaca. A pesar de esa circunstancia, vimos poca presencia militar que afectara las elecciones en el Istmo.

3. Compra y coerción del voto.

Quizá la mayor preocupación de aquellos entrevistados, se centraba en la distribución de recursos y servicios por parte del gobierno y representantes partidistas con fines de comprar y coercionar el voto para un partido o candidato. A pesar de que el alcalde del PRI generalmente negó los cargos, otros describieron ampliamente cómo la distribución de pagos y beneficios de parte de programas gubernamentales estaban sujetas de algún modo al voto por un partido en particular, casi siempre el PRI. Las fuentes para estos pagos y beneficios, incluían los programas tales como PROGRESA, PROCAMPO, PROCEDE y DIF; un programa de capacitación laboral del estado, PROBECA; transferencias directas a gobiernos municipales; programas de obras públicas. A menudo los observadores encontraban que los Directores de estos programas tenían vínculos de familia o políticos a las autoridades locales. Una mayoría de estos entrevistados señalan que los accesos a estos beneficios estaban directa o indirectamente enlazados con el proceso electoral. En algunos casos, las autoridades locales solicitaron la información sobre las credenciales electorales o beneficiarios y sus familias cuando llegaban a recoger sus beneficios, o reducían y negaba los beneficios sino traían consigo su identificación. En otros casos, condicionaban los beneficios explícitamente al apoyo a un partido en particular, por ejemplo, requiriendo que los ciudadanos asistieran a eventos político/electorales, amenazándolos con retenerles sus beneficios cuando no cumplieran con votar por un partido particular, negándoles los servicios a individuos o comunidad afiliados a la oposición y programando sus pagos con simultaneidad de los eventos de campaña. Según varios de aquellos entrevistados, dichas irregularidades se llevaban a cabo en preparación para la elección del 2 de Julio.

La mayoría afirmaba que las prácticas de ofrecer recurso para inducir el voto tendían a ocurrir cerca del día de la elección. En algunos casos, los funcionarios del partido o candidatos distribuían los beneficios de los programas gubernamentales arriba expuestos. La gente también describió como, durante las elecciones estatales recientes, los representantes del PRI o sus candidatos y en un caso un candidato del PAN, proporcionó no perecederos (arroz, azúcar y aceite para cocinar), materiales de construcción hasta dinero en efectivo a individuos a cambio de la promesa de votar por sus candidatos o partido. Varios de estos obsequios de ofrecieron el día mismo de las elecciones. Algunos testigos dieron informaron que tales recursos ya están siendo recolectados y preparados para entregas masivas previas al día de la contienda. Un grupo nos insistió que la vivienda del alcalde de la Ciudad estaba rellena de provisiones básicas y materiales para este propósito.

La apreciación general expresada por casi todos los entrevistados fue que estas prácticas son amplias y que la cultura política es tal, que los pobres, frecuentemente analfabetas y mayoritariamente indígenas dan su voto al partido oficial por su gran temor a perder los beneficios gubernamentales y consecuentemente su indisposición a denunciar irregularidades. Además, la falta general de información sobre los reglamentos y procedimientos electorales son un obstáculo adicional para documentar oficialmente quejas.

En Juchitán, en contraste, la hegemonía del PRI no ha sido tan absoluta y una creciente ciudadanía consciente defiende sus votos. El relleno de urnas y otras formas tradicionales de fraude fueron percibidas como poco probables de ocurrir, en gran parte porque las casillas electorales son vigiladas de cerca por el PRI y la COCEI. Debido al control municipal de la COCEI, recursos para becas, boletos de camión y avión, provisiones básicas y otros recursos que tradicionalmente utilizaba el PRI para la inducción del voto están ahora a disposición de la izquierda, Irónicamente el control de la COCEI de largo plazo frente al gobierno de la ciudad de Juchitán a provisto al movimiento con la mayoría de los medios que los de patrocinio que tradicionalmente se asociaban con el PRI. En años recientes a habido denuncias de compra de voto y manipulación de recursos por funcionarios de la COCEI, en un esfuerzo por inducir el voto a favor del PRD.

4. Patrón de irregulares del día de las elecciones.

De acuerdo con las experiencias más recientes, la gente que entrevistamos también describió un patrón de irregularidades que ocurren el día de las elecciones. Entre las más molestas estuvo la ausencia de un voto secreto. Algunas personas, incluyendo al alcalde priísta de Matías Romero, insistieron en que el voto es secreto, pero varios otros no estuvieron de acuerdo. El alcalde priísta en San Juan Guichicovi, por ejemplo, explicó que en el pueblo de El Chocolate, el voto tradicionalmente se llenaba a la vista de los representantes de partido. El alcalde del PRD, en Santo Domingo Petapa, coincidió en que el voto no es secreto, particularmente en áreas circundantes y que los partidos no veían como ventaja que el voto fuera secreto. En algunos casos, a los funcionarios públicos les parecía completamente trivial garantizar el voto secreto. Muchos representantes de ONG’s, corroboraron los informes sobre esta práctica a pesar de que en esta práctica había diferencias aparentes de comunidad a comunidad. No sólo la votación abierta es una clara violación de la ley electoral, sino que hace viables las amenazas y chantajes asociadas con la entrega de los servicios gubernamentales o recursos partidistas mencionados anteriormente.

Otra irregularidad de la jornada electoral de que se tiene informes, incluía la de entrega y transporte de las urnas y materiales electorales en vehículos priístas a lo largo de grandes distancias y demoras extensas; funcionarios del PRI, fungiendo como funcionarios de casillas; y la distribución de provisiones y pagos en efectivo por parte de los funcionarios de partido a los ciudadanos o funcionarios de casilla. Representantes de la ONG Maderas describieron como, durante las recientes elecciones estatales, los ciudadanos de las áreas circundantes a Los Chimalapas habían viajado más de cinco horas para llegar a la casilla. Esta distancia tan extensa reduce la afluencia electoral, particularmente entre las mujeres y en algunos casos facilita el fraude evidente, permitiendo así que los funcionarios de partido o electorales marquen para sus candidatos las papeletas. Aunque es imposible predecir si dichas prácticas se marcarán en las siguientes elecciones, no obstante este patrón crea un ambiente desfavorable para elecciones honestas y transparentes.

5. Atmósfera de intimidación.

Otro problema identificado por mucha gente que entrevistamos son los actos de intimidación que exacerbaban un clima general de miedo y desconfianza en la mecánica del proceso electoral. Los representantes de Maderas notaron la insistente necesidad de mostrar credenciales electorales en los retenes militares, particularmente cerca de la frontera con Chiapas. Ellos explicaban que, además de las amenazas y hostigamiento contra representantes de ONG’s, a los campesinos normalmente se les dan advertencias de no afiliarse con dichos grupos. Otra ONG, UCIZONI, reportaron actos de intimidación y hostigamiento contra sus miembros y comunidades donde tienen presencia.

6. Información.

Otra preocupación es la falta de información y la desinformación sobre procedimientos electorales y derechos ciudadanos, este problema incluye confusión o ignorancia sobre procedimientos electorales, la escasez de la información en idiomas indígenas, la ausencia de información oficial promoviendo elecciones libres y equitativas. Muchos funcionarios públicos que entrevistamos, afirmaban no haber recibido ni panfletos ni folletos del IFE o alguna organización relacionada con derechos ciudadanos y leyes electorales. Nuestro grupo observó que no había ni carteles en espacios públicos anunciando el derecho de la ciudadanía ni las reglas electorales apropiadas, aunque dichos carteles podían encontrarse en las oficinas de algunas ONG’s y UCIZONI organiza talleres en las lenguas de los indígenas para informar a la gente de sus derechos. En contraste se podía encontrar propaganda de campaña a lo largo de todas las comunidades.

La falta de información adecuada podía notarse en la falta de acceso a los medios masivos en las áreas urbanas pequeñas como Matías Romero, sin mencionar las comunidades rurales en las que dependen de comunicación personal e información por radio. La falta de información genera confusión y desinformación. Un testigo creía que la elección primaria de los candidatos del PRI era realmente la elección presidencial. Otro destacó que los representantes gubernamentales y activistas del PRI avisaban al campesinado notar los colores de la bandera mexicana al sufragar su voto.

Conclusión.

Muchos de aquellos entrevistados reconocieron avances en años recientes en el frente electoral. El alcalde de Matías Romero en particular, sugirió que las prácticas e irregularidades descritas aquí son del pasado y ya no ocurren, y que la gente es libre para votar de acuerdo a su conciencia y que los beneficios gubernamentales se otorgan sin amenazas o promesas electorales. En Juchitán, la fuerza de la izquierda a conjurado abiertamente el fraude. Sin embargo, la compra y coerción del voto y la falta de información es extensa en áreas remotas del estado y afecta el clima en que se llevan a cabo los preparativos para las elecciones nacionales del 2 de Julio.